La Defensa Nacional (II/III)

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LA DEFENSA NACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978

Los términos Defensa y Defensa Nacional, han de entenderse como sinónimos si nos atenemos a lo que contempla la Constitución Española de 1978, en la que aparecen explicita o implícitamente, en cuatro artículos.

  1. a) Como misión constitucional de las Fuerzas Armadas (Título Preliminar, artículo 8.1). Al situar este artículo en el Titulo Preliminar, en su parte dogmática, el legislador les da a las Fuerzas Armadas un estatus similar a otros pilares de la identidad nacional como el idioma, la naturaleza del Estado ola soberanía nacional. Esta misión se proyecta en un triple haz de responsabilidades que son: garantizar la soberanía y la independencia nacionales, defender la integridad territorial y salvaguardar el ordenamiento constitucional.

La función primaria con la que se relaciona al Ejército de cualquier nación es la de defenderla de una agresión exterior, es su misión de origen y la que dio lugar al nacimiento de los ejércitos permanentes, al servicio del rey o de un noble, para salvaguardar la independencia de un pueblo frente a un invasor.

Defender la integridad territorial, es consecuencia de garantizar la soberanía nacional en todo el territorio. Generalmente, esta amenaza procede del exterior del pueblo que quiere dominar a otro, pero también puede surgir desde el interior del propio país cuando se produce una situación secesionista en alguna región. Como la soberanía nacional reside en el pueblo español (Título Preliminar, artículo 1.2), del que emanan todos los poderes del Estado, esa función de defensa de la soberanía nacional se realiza en beneficio exclusivo del pueblo español, no en el del interés particular de cualquier partido, grupo o familia. Hay que entender que los conceptos de pueblo y sociedad que aparecen en el Preámbulo son también sinónimos ya que la soberanía nacional sólo puede tener un titular.

La salvaguarda del orden constitucional se le encomienda a las Fuerzas Armadas, al ser las que poseen la mayor fuerza de la que es capaz de desplegar el Estado. La Constitución es la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, y en su defensa el Estado está legitimado para emplear todos sus recursos. Esta misión es asignada a los ejércitos en todos los países democráticos siempre y cuando posean Fuerzas Armadas. No obstante, al ser también un derecho y un deber del ciudadano defender la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas son sólo la vanguardia de esa defensa en la que se haya comprometida toda la nación. Por eso una Defensa Nacional insuficiente, como es el caso, pone en peligro evidente la libertad de los ciudadanos.

Se contempla el deseo del legislador en superar la dinámica histórica de sujeción de los ejércitos a la Corona, que es lo natural y estabilizador en los regímenes de monarquía parlamentaria. Cuando se le asigna al Rey el mando supremo de las FFAA, a la vez que exige el refrendo, presidencial o ministerial de cualquiera de sus actos políticos, eximiéndole de responsabilidad. De esta manera, el Jefe de Estado ocupa la más alta magistratura, así como el mando supremo de los ejércitos. Pero las decisiones en ambos ámbitos corresponden a los que ostentan la representación de la soberanía nacional. De esa manera las Fuerzas Armadas quedan al servicio del pueblo y subordinadas a su gobierno legítimamente elegido.

La defensa del orden constitucional por las FFAA se vincula a un supuesto de estado de sitio, en el que sería indispensable la previa declaración por parte del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional.

La defensa de la integridad territorial se relaciona con la facultad que asiste al gobierno, en el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpla sus obligaciones o atente gravemente contra el interés general de España, para adoptar las medidas necesarias que obliguen a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. La intervención militar, ordenada por el gobierno, no requiere la declaración previa del estado de sitio.

 La intervención de las Fuerzas Armadas también está prevista en otros supuestos menos graves o de emergencia (artículo 116). Son el estado de alarma y el estado de excepción, cuya declaración por el gobierno está en función de la distinta gravedad generada por circunstancias extraordinarias que hacen imposible el mantenimiento de la normalidad. 

  1. b) Como derecho y deber de los españoles (Título I, Capítulo II, sección 2ª, artículo 30) al señalar que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Al introducir el legislador este derecho en la 2ª sección en lugar de en la 1ª es clara su intención de otorgar un nivel de protección jurídica inferior a los derechos que se enumeran en la 1ª sección. Así cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los tribunales ordinarios por un procedimiento sumario y de preferencia, e incluso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solo si se trata de los derechos contenidos en la 1ª sección. La supresión del servicio militar obligatorio anula la única excepción que existía en el artículo 30 por objeción de conciencia, ya que se vinculaba al artículo 16 que garantiza la libertad religiosa, a una tutela judicial de segundo nivel.

Colocar este derecho en un segundo rango de importancia es un contrasentido, fruto del deseo de satisfacer a una izquierda miope por parte de una derecha avergonzada de su pasado político y una de las concesiones sin sentido realizadas en aras del consenso de la transición. Sin España no hay derechos que garantizar o defender, por eso no pueden ir estos antes que la propia existencia de la nación española.

  1. c) Como responsabilidad del gobierno (Título IV, artículo 97) que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Gobierno y Administración están completamente vinculados en la estructura del actual Estado. El gobierno goza así de la dimensión política al emanar del Parlamento, pero también de la administrativa. Por eso los ministros son los jefes de los distintos Departamentos en los que se divide la Administración Pública para dar satisfacción a las necesidades colectivas.

El órgano superior del gobierno es el Consejo de Ministros, que es la reunión colegiada de todos ellos y representa la máxima autoridad de la Administración Pública. Y que ejerce las competencias que le señala el artículo 97. La práctica política y el protagonismo de los sucesivos presidentes han venido a desvirtuar este mandato constitucional. Suárez, González, Aznar ZP, Rajoy y Sánchez, han actuado más con espíritu presidencialista que como Primeros Ministros, Calvo Sotelo en su breve paso por el gobierno fue la excepción. Los ministros en pocas ocasiones gozaron del protagonismo que debían y ello por la mayor gloria del líder, a pesar de ir en detrimento de la Constitución.

  1. d) Como competencia exclusiva del Estado (Título VIII, Capítulo III, artículo 149.1.4ª) que las tiene sobre Defensa y Fuerzas Armadas. La asignación en exclusividad al Estado de estas competencias es plenamente coherente con el espíritu de la Constitución, puesto que al residir en el pueblo español la soberanía de la nación y en las FFAA la misión de garantizarla, el Estado no puede delegar en una parte la defensa del interés general. Esta imposibilidad de delegación en asuntos referidos a la Defensa Nacional hay que entenderlo en el sentido amplio, por eso no sería viable tampoco delegar la diplomacia del Estado ya que es otro de los pilares en la que se asienta la Defensa de la nación. Es absurdo pensar que puede lograrse una Seguridad Nacional válida sólo con los Ejércitos y sin diplomacia, o al revés. Por ello la apertura de representaciones de diferentes Comunidades Autónomas en el extranjero además de ser inconstitucional es un error, pues diversifica la acción exterior, confunde a nuestros aliados e imposibilita la defensa de los intereses nacionales, y todo ello para buscar un acomodo a un primo o a un hermano. La permisividad de los gobiernos de ZP y de Rajoy en este asunto es una clara prueba del escaso valor que sus Consejos de Ministros respectivos conceden a la Defensa.

HACIA UN CONCEPTO DE LA DEFENSA NACIONAL

El término Defensa Nacional debe de ser interpretado, como he dicho más arriba, de manera amplia ya que si lo fuera de forma literal resultaría obsoleto pues no podría dar respuesta a las necesidades de defensa de todos los intereses nacionales y su puesta en escena no respondería a nuestras circunstancias actuales, tanto geoestratégica como regional, ya que exceden ampliamente el marco interno. La situación política de España es una realidad mucho más compleja y en donde intereses no nacionales, con frecuencia, prevalecen a los de nuestro país.

El primer elemento necesario en la formulación de una política de Defensa Nacional es la armonización con la política de seguridad global a la que pertenecemos. La alianza con los Estados Unidos y la pertenencia a la UE y a la OTAN, señalan el marco a nivel mundial y regional donde nos movemos. La búsqueda para que la correlación de fuerzas entre nuestros aliados sea favorable a España debe de ser la prioridad en el pensamiento estratégico de nuestra nación y la que debe condicionar todos los sectores concernidos, no sólo el diplomático.

Precisamente cuando España negocia su entrada en la OTAN y en la UE, no se tuvo en cuenta la armonización de nuestros intereses internacionales con nuestras necesidades internas, colocándose aquellos en un lugar secundario. Se entró de cualquier manera, sin exigir un trato equivalente al que recibieron nuestros nuevos socios cuando ingresaron. Lo urgente era entrar cuanto antes, para estabilizar una situación interna que los líderes políticos se habían encargado de hacer inestable.

La OTAN admitió a Francia, que Argelia fuera territorio a defender, cuando era su provincia, o a Gran Bretaña que Gibraltar sea parte del Reino Unido, cuando es una colonia, y por lo tanto que fuera territorio protegido. Mientras que la organización no contempla, que Ceuta y Melilla sean territorios que deban ser protegidos por la Alianza al no estar reconocidos como pertenecientes a España, ni tampoco el resto de las plazas de soberanía española en el norte de África: islas Chafarinas, isla de Alborán, peñón de Alhucemas, peñón de Vélez de la Gomera o el islote Perejil.

La UE reconoce, según el tratado de Lisboa de 2007, como territorios ultraperiféricos: los que Francia tiene en America o en los océanos Índico y Pacífico; los que Holanda tiene en el Caribe; los que Dinamarca posee en Groenlandia y Gran Bretaña en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico, Caribe y Gibraltar. Mientras que las plazas de soberanía española y las ciudades de Ceuta y Melilla no existen para nuestros aliados europeos. Constituye Gibraltar el paradigma de esta situación, con las continuas violaciones de la marina británica a nuestras aguas territoriales y la protección que desde la Roca se da al contrabando y a todo tipo de tráfico ilegal. No se debe olvidar que la última colonia en Europa es uno de los principales paraísos fiscales que hay en el continente.

Lo descrito es la consecuencia de no disponer de una política de Seguridad Nacional. Si no se tiene, no puede esperarse que nuestros aliados nos la proporcionen. Puede decirse que en la actualidad no hay un solo país en estas dos organizaciones que sea peor tratado, en el ámbito de la seguridad, que España. Volvemos a contemplar lo nefasto que resulta para nuestra nación la dejación que se hace en la defensa de nuestros intereses internacionales. En resumen, la defensa de nuestras plazas de soberanía y ciudades españolas, geográficamente fuera del continente europeo, no van a contar con el apoyo de nuestros aliados, pero si Gran Bretaña defiende otra vez las Malvinas el gobierno español deberá ayudarla contra la nación argentina.

Esta situación anómala y pendiente de rectificar es el tema que debería estar presente en los Estados Mayores de los partidos con aspiraciones de gobernar, en lugar de esa obscena preocupación de colocar al familiar, al amigo o al militante al frente de una embajada.

Los intereses en juego convierten a la Defensa Nacional en un asunto de carácter global, no solo en el ámbito geográfico sino también en el económico, el financiero, el político…en definitiva es un asunto que concierne a todos y cuyo tratamiento dejó de ser, hace mucho tiempo, exclusivamente militar y diplomático.

Existen dos objetivos de interés prioritario y cuya búsqueda ha de ser simultánea: uno tiene carácter interno y podríamos sintetizarlo como preservar el orden constitucional, y el otro es de índole externa y consiste en garantizar la seguridad nacional y apoyar nuestros intereses internacionales. No se piense que esta última concepción va más allá de lo que señala la Constitución, todo lo contrario, pues la defensa de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial solo es posible si la nación permanece unida, es coherente en su política exterior y goza de prestigio internacional. Todo ello sólo es factible si España trabaja a favor de sus intereses, en un mundo donde todos los países luchan por los suyos.

Nuestra nación en el siglo XVI podía marcar las reglas de juego en el ámbito internacional, al ser hegemónica era autosuficiente para atender a su seguridad, hoy no. Las reglas son hoy diseñadas por Estados Unidos y la defensa de nuestros intereses pasa, en primer término, por aceptar esta realidad. Nuestra fuerza y prestigio puede venir si somos capaces de movernos dentro de ese marco de referencia. Partiendo de una acción exterior fiable y coherente hacia nuestros aliados, se puede lograr el prestigio internacional. Desde ahí es posible racionalizar la concepción estratégica del “imperio” en beneficio de nuestros intereses.

Garantizar el orden constitucional y la seguridad nacional serían los dos pilares sobre los que debe apoyarse la defensa de nuestros intereses internacionales. En una sociedad democrática una persona debe gozar de las garantías necesarias para impedir que se le imponga por la fuerza un sistema de valores diferente al que el se ha escogido. La Defensa Nacional tiene por misión preservar la vida y la libertad de los ciudadanos, en ese orden, si no es así carece de sentido.

El final de la “guerra fría” ha supuesto la desaparición del otro, es decir surge la dificultad de identificar al adversario. Desaparece la capacidad militar o de disuasión similar al terminar el enfrentamiento entre bloques estratégicos por lo que la amenaza varía su naturaleza y por lo tanto las tácticas de enfrentamiento. El terrorismo se convierte en la amenaza global y las guerras psicológicas, urbanas y asimétricas desplazan a la táctica convencional o nuclear. Surge la crisis del poder militar – industrial que siguen fabricando sistemas de armas muy costosos, pero que ya no sirven para ganar la guerra.

Los nuevos tiempos también suponen el fin de los tres ciclos, en la edad Moderna, que han marcado de manera decisiva la historia de la Humanidad. El ciclo cultural que se inicia con la invención de la imprenta y termina cuando aparece la informática; el ciclo económico que comienza con el irresistible ascenso de la burguesía frente a las concepciones feudales y termina con el fracaso de la planificación económica entendida según los modelos seguidos en la URSS y  en China y finalmente, el ciclo político que se inicia con las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, que van terminando paulatinamente con el antiguo régimen, y que culmina con el fracaso económico de los regímenes marxistas de Europa y Asia.

El cambio global que ha supuesto esta finalización de ciclos nunca se había dado con tal intensidad en la historia de la civilización mundial. Las respuestas a los problemas existentes dejan rápidamente de ser socialmente válidas, a la vez que las inercias burocráticas dificultan el alcanzar soluciones aceptables, en tiempo adecuado, para aquellos que poseen el poder.

Parte II de III (Aquí parte I)

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